Aldo Lema

Semanario Búsqueda, 27 de enero de 2011

Con el crecimiento de 8,5% y la prolongación del altísimo dinamismo de la demanda interna, la economía uruguaya concluyó 2010 funcionando a plena capacidad. El desempleo se ubica en niveles históricamente bajos y las holguras productivas parecen copadas. Existen riesgos de sobrecalentamiento y de incubación de algunos desequilibrios, tales como la aceleración de la inflación, el eventual deterioro de las cuentas externas o una apreciación exagerada del tipo de cambio real. En ese cuadro macroeconómico, ¿se justifica la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contemplada en el programa de gobierno? ¿Qué consecuencias tendría?

En una economía como la uruguaya, con una elevada carga tributaria y estatal, las rebajas de impuestos son siempre bienvenidas, salvo que comprometan la solvencia fiscal o la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, ni la etapa actual del ciclo ni las metas macroeconómicas para los próximos años parecen consistentes con rebajar el IVA desde 22% a 20%. De hecho, en contraste, lo que incipientemente se discute en algunos países emergentes es un alza para frenar el boom de gasto. Tampoco puede sustentarse en los ilusorios beneficios que se le atribuyen para mejorar la distribución del ingreso. Si en la coyuntura actual hubiera espacios para recortes tributarios, habría que apuntar a otros.

Primero, la rebaja del IVA representa un estímulo adicional a la demanda y, por lo tanto, contrario a lo habitualmente pensado, no necesariamente será desinflacionaria. Si bien en el corto plazo podría esperarse que impacte a la baja el nivel de precios, a la larga tiende a acelerar la inflación al promover más consumo en una economía de por sí ya muy dinámica. Se trataría, en definitiva, de una medida fuertemente expansiva, con efectos “similares” a un aumento del gasto público, que introduce más combustible en la hoguera, y que refuerza la caída requerida del dólar para lograr las metas inflacionarias. Aún más: sin gran capacidad ociosa, con las empresas ampliando sus márgenes, quizás ni siquiera veamos la caída inicial (por una vez) de los precios.

Segundo, la reducción del IVA tampoco contribuye a la que debería ser la gran meta de la política para la próxima década: impedir que se repita una crisis económica y financiera de la magnitud de las registradas en 1982 y 2002. Dicho objetivo requiere consolidar la estabilidad macroeconómica y elevar el crecimiento potencial, todo lo cual exige despejar los riesgos de insolvencia fiscal. Así, por un lado, en vez de promover un mayor impulso a través del recorte del IVA, lo que debería promoverse es una política fuertemente contracíclica que conlleve varios años de superávit gubernamental y la caída de la deuda pública hacia niveles inferiores a 30% del Producto Bruto Interno hacia la segunda mitad de la década. Para que cuando cambie el viento e irrumpa la próxima crisis global, quizás durante el próximo gobierno, Uruguay esté mejor preparado para enfrentarla, sin generar costos sociales (y efectos políticos) tan significativos como en el pasado.

Por otro lado, si hubiera márgenes para promover rebajas tributarias, deberían aprovecharse para recortar impuestos que castigan la asignación de los recursos y la productividad, limitando el crecimiento económico. Más que políticas de demanda se necesitan políticas de oferta. Más que apretar el acelerador de un auto que va a alta velocidad, deberíamos aumentar el potencial de su motor. Más que recortes de impuestos al consumo, se requiere reducir la carga impositiva sobre la inversión física, el capital humano, el ahorro y el trabajo. Antes que el IVA, parece necesario recortar los aportes patronales, el IRAE (renta empresarial), el impuesto al Patrimonio, el IRPF (renta personal) y otros tributos que restringen el crecimiento potencial.

Tercero, ni la teoría económica ni la evidencia empírica les adjudican un rol redistributivo muy significativo a las políticas tributarias, y menos todavía a un impuesto como el IVA. Ni siquiera en un esquema de tasas diferenciadas como últimamente se ha sugerido, el cual sólo se prestaría para acrecentar las distorsiones. No hay que confundirse: una mayor equidad social se consigue promoviendo la igualdad de oportunidades y eso requiere altos niveles de cobertura y calidad educativa, así como un alto crecimiento económico y un mercado laboral dinámico que permitan aprovecharlas. Para proteger a los sectores más vulnerables y reducir la pobreza, es preferible mantener una tasa de IVA lo más pareja posible e inducir la discriminación a través de subsidios focalizados, transitorios y eficientes, que estén ligados a la permanencia en el sistema de enseñanza o en el mercado de trabajo.

En resumen, hay argumentos suficientes y contundentes para desechar la rebaja del IVA en la coyuntura actual. No es buen momento: estamos en boom. La medida podría tener algún rédito político en lo inmediato, pero muchos costos económicos y sociales en el largo plazo. Esa es la perspectiva del ministro Fernando Lorenzo. Y está bien. Veamos si la internaliza la Presidencia, la coalición gobernante, la oposición y, por esas vías, el resto de la ciudadanía.