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El primer año económico de Bachelet II

Semanario Búsqueda (Uruguay)

Michelle Bachelet está cumpliendo el primer año de gobierno de su segundo mandato. Como es sabido, la presidenta había ganado las elecciones apoyada en su gran carisma, un discurso pro equidad y la promesa de cumplir con otras demandas sociales. Si bien existía cierto consenso en la sociedad en materia de algunos objetivos, por ejemplo una menor desigualdad de oportunidades e ingresos, el debate estuvo (está) en los instrumentos para alcanzarlos. Bachelet definió como pilares básicos una reforma tributaria (que ya materializó), otra educacional (que ha empezado a concretar), y una nueva Constitución (que está latente). No hubo en el programa de gobierno gran énfasis a políticas pro crecimiento, quizá porque se proyectaba –casi mecánicamente- que este seguiría sobre 4%.

Al examinar los resultados económicos del primer año, es justamente en esta última materia y sus consecuencias donde la evaluación es más insatisfactoria. La expansión del PIB cayó a 1,8% el año pasado, tras ubicarse en 4,1% en 2013 y promediar 5,7% en 2010-12. El aterrizaje se explicó por el menor impulso externo que enfrentan los países emergentes, pero sobre todo a la internalización de un menor crecimiento potencial y la depresión de las expectativas locales. Estos frenos se reforzaron por las perspectivas de una mayor carga impositiva sobre las utilidades de las empresas y la incertidumbre (o certidumbre) sobre la calidad de las reformas. La tributaria, en particular, estuvo lejos de ser un simple instrumento eficiente de recaudar ingresos para la educación y adquirió supuestos poderes o fines redistributivos.

Fue esa la parte “made in Chile” de la desaceleración y cuya importancia quedó evidenciada en el fin del diferencial de crecimiento (positivo) frente al mundo.

Fue quizá también el error estratégico más relevante de la política económica. En tiempos de menores flujos de capitales hacia países emergentes, las medidas no fueron pro inversión. Ni siquiera es claro que el mayor gasto en educación vaya a generar un aumento del capital humano en el largo plazo. Parece evidente, por lo tanto, que Chile desaprovechó la gran oportunidad de diferenciarse positivamente en tiempos de flujos más escasos y selectivos, en contraste con lo que están haciendo países como India o algunos de la región.

Como consecuencia, se consolidó el descenso de la tasa de inversión fija a menos de 23% del PIB, casi 4 puntos porcentuales bajo el nivel de 2012. Ello, a su vez, explicó la fuerte caída en el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Cierto. El desequilibrio se corrigió por menor inversión y no por mayor ahorro.

El menor aporte de capital físico, combinado con las bajas contribuciones del trabajo y la productividad, refuerza la idea de un crecimiento potencial menor: más cerca de 3%, que del 5% asumido en el programa de gobierno. Por lo tanto, las perspectivas para el resto del mandato de Bachelet se ven desfavorables, sobre todo en un contexto de menor impulso externo y deterioro adicional de América Latina.

Por supuesto, que toda esta desaceleración de la actividad ha empezado a dañar el mercado laboral.

Primero, la tasa de desempleo (desestacionalizada) ha venido subiendo desde fines de 2013 para ubicarse actualmente en torno a 6,5%.

Segundo, la desaceleración ha traído una moderación en el crecimiento de la masa salarial, lo cual de mantenerse, significaría a la larga un menor incentivo a la inversión en capital humano, justamente lo que se quiere buscar con las reformas.

Por último, el ajuste ha sido lento en los salarios reales y por ende, más acentuado en la ocupación. El crecimiento del empleo descendió a 1% en el último año tras promediar 4% en el cuatrienio previo, pero el deterioro laboral es más preocupante al constatar la desaceleración del empleo asalariado, el aumento de los trabajos por cuenta propia y la reactivación de programas estatales para contrarrestarlo.

Todo ello, por cierto, podría anticipar algunos retrocesos en las próximas mediciones de indicadores sociales (pobreza, indigencia y distribución del ingreso). Y acentúa el riesgo de que la consiguiente frustración gubernamental, reforzada por la fuerte caída en la aprobación ciudadana, intensifique las respuestas recientes basadas en políticas de demanda o intervención estatal, para intentar una reactivación más duradera.

En el último año, aumentó la expansividad monetaria ante las perspectivas de mayores holguras productivas. Más recientemente se ha incorporado un alto crecimiento del gasto e inversión pública, apelando a una parte de los potenciales ingresos de la reforma tributaria. Por último, se ha especulado con la implementación de “políticas industriales modernas”. Pero los efectos son muy acotados. Y además de amenazar algunos equilibrios básicos, sobre todo en materia fiscal, están lejos de ser señales potentes de diferenciación positiva que vayan a reimpulsar estructuralmente la inversión, el crecimiento y el mercado laboral.

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