Aldo Lema

Los economistas solemos eludir muchas preguntas difíciles apelando a respuestas normativas. Por ejemplo, en el caso de la Eurozona, decimos a menudo: “Alemania debería hacer esto…o Grecia debería hacer esto otro”. El debate normativo siempre es interesante y relevante, pero generalmente sólo para una minoría. La gran mayoría suele estar menos preocupada del “deber ser” y más del “ser”, es decir, de lo que podría pasar. Así, parece clave especular hacia dónde va Grecia y cuáles serían sus consecuencias.

Durante el último quinquenio la economía griega ha mostrado una fuerte contracción del producto (casi 25%) que se ha reflejado en un altísimo desempleo (sobre 25%) y presiones deflacionarias (el IPC cayó cerca de 3% en el último año y cuatrienio). Esta especie de “gran depresión” fue consecuencia de problemas previos a la crisis de 2008 y sobre todo, de las restricciones para realizar políticas contracíclicas tras ella.

Se gestó, primero, con un elevado desequilibrio fiscal y endeudamiento público, rigidez cambiaria y salarial, boom de crédito y un altísimo déficit en cuenta corriente.

Se desencadenó, después, tras el súbito corte de financiamiento por la crisis global y su propia corrida bancaria.

Se agravó, finalmente, ante la falta de autonomía monetaria y espacios para impulsos fiscales. Cierto.

Al ser parte del euro, Grecia carece de política cambiaria que facilite el aumento del tipo de cambio real derivado del colapso de la demanda interna. Esto sólo puede concretarlo vía “devaluación interna”, con caída en los precios de los bienes y servicios no transables, o sea, en esencia, a través de menores costos laborales.

El proceso ha sido más lento y costoso que en otros países, sobre todo para la magnitud del ajuste en actividad y gasto. Quizá eso obedezca a mayores rigidices estructurales o eventualmente a la ausencia de reformas que flexibilicen los mercados.

A su vez, Grecia tampoco ha tenido espacios fiscales por la necesidad y compromiso de mantener un alto superávit primario para estabilizar la deuda pública. El endeudamiento estatal llegó a 175% del PIB en 2014, del cual dos tercios se habían acumulado con los déficits fiscales previos a la crisis de 2008. Y el resto se generó a posteriori por la recesión, el mayor costo de financiamiento y el rescate bancario.

La prolongación de esta “gran depresión” ha acentuado últimamente las dudas sobre la situación patrimonial de los bancos y reimpulsado la salida de depósitos. A ello han contribuido también señales y mensajes del partido Syriza que asumió el gobierno, en particular sobre una posible reestructuración (con quita) de la deuda.

A partir de todo lo anterior, los posibles escenarios para Grecia son al menos tres.

El primero sería “status quo pero con ciertos ajustes”. Esto contemplaría mantener el acuerdo con el Eurogrupo (como se ha insinuado recientemente), cierto impulso fiscal por flexibilización de las metas y algunas renuncias del gobierno en materia de promesas electorales.

Un segundo escenario agregaría al anterior un fuerte recorte en la deuda pública, pero permaneciendo en la Eurozona. Una quita superior a 50% parece cada vez más probable y habría mecanismos alternativos para concretarla. Podría ser parte de la negociación con el Eurogrupo a cambio de ciertas reformas y apoyo financiero a los bancos, o lo más probable, podría ocurrir en forma unilateral.

Un tercero sería la salida del euro, ya sea detonada por la fatiga política ligada a la extendida depresión económica, un colapso tras la corrida bancaria, o ambas a la vez. Esto incluiría un corralito bancario, reestructuración de depósitos, devaluación de la nueva moneda (dracma) y alta inflación, que licuaría el gasto público y los salarios.

Todo indica que, en el corto plazo, Grecia seguiría moviéndose dentro del primer escenario, pero con riesgo creciente de pasar al segundo y sobre todo al tercero. La velocidad de la transición la determinará la magnitud de la corrida bancaria.

Pero cualquiera sea el escenario, las perspectivas económicas de los helénicos son pesimistas.

Como América Latina en los ochenta, las condiciones necesarias para salir de la crisis involucran reducción de la carga de la deuda, gran alza del tipo de cambio real y reformas que mejoren la competitividad, atraigan inversión e impulsen el crecimiento. Este programa integral no parece estar en el radar, al menos con la urgencia requerida. Podría eventualmente terminar anidado dentro del tercer escenario, pero sólo después de un gran colapso. Lo impondría la realidad.

Con todo, las consecuencias (negativas) para el resto de la Eurozona e incluso el resto del mundo serían mucho más acotadas que un desenlace traumático en años previos. El contagio político y económico se vislumbra menor.

En materia política, ya sea una renuncia de Syriza a su programa populista o un colapso económico, podrían moderar otros planteos similares en Europa.

En lo económico, el peor escenario –una eventual salida del euro- parece más internalizado que en 2011-12 y encontraría a los países periféricos mejor posicionados (y al Banco Central Europeo más proactivo).

Todo esto traería por cierto mayor volatilidad financiera para América Latina, pero no tanto más que la implícita en el entorno desfavorable ya previsto. Simplemente consolidaría el menor impulso externo.