Aldo Lema

El País.

Más que por aspectos normativos, el analista económico y el ciudadano en general deben seguir los desarrollos políticos y partidarios por sus consecuencias sobre la evolución de la economía. Son insumos que alimentan las perspectivas de las principales variables. ¿Cuáles son las implicancias del actual momento político uruguayo? ¿Qué consecuencias podría tener el desplome en la aprobación del presidente Orsi?

En menos de un año y medio desde el inicio del mandato, el gobierno del Frente Amplio enfrenta un balance muy negativo en términos de evaluación ciudadana. Según el promedio reciente de las principales encuestadoras, cerca del 60% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi y solo el 25% la aprueba. Pero, además del nivel, preocupa la tendencia porque al inicio de su mandato tenía 60% de respaldo. Para este momento del período de gobierno, se trata de un nivel de desaprobación solo similar al de Lacalle Herrera, incluso significativamente superior al de Jorge Batlle.

En ese sentido, representa una novedad: no puede atribuirse a radicales reformas supuestamente antipopulares, ni a un gran shock externo recesivo. También es un hecho raro para el Frente Amplio porque -si bien estuvo en una situación parecida al final del segundo gobierno de Vázquez- no fue tan crítica.

En “el diario del viernes”, este escenario se leía altamente probable. Como la felicidad, la aprobación política suele ser igual a “realidad menos expectativas”.

Hubo, evidentemente, cierta inflación de expectativas en medio de la campaña electoral e incluso durante los primeros meses de gobierno. Dos ideas la evidencian.

Por un lado, la noción de “despegue” de la economía reflejada en el título del libro presentado en 2024 por el actual ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Por otro lado, el lema de campaña fue que “gobierne la honestidad”.

También hubo mensajes muy críticos sobre el desempeño del gobierno anterior en seguridad que -con promesas de nuevas políticas y medidas- alimentaron expectativas de rápidas mejoras.

“El diario del lunes” confirmó las restricciones, dificultades y (des)orientaciones para alinear esa realidad con las infladas expectativas.

Previsiblemente, el entorno externo de esta segunda mitad de los veinte no está siendo más favorable que el de los años previos. Hay restricciones fiscales que se arrastran desde hace una década, aunque sin el riesgo ahora de perder el grado inversor. Y era (es) improbable esperar un rebote de la inversión y del crecimiento potencial en medio de alzas de la carga impositiva y amenazas de más impuestos. Por lo tanto, la realidad ha evidenciado un cuasi estancamiento del PIB desde el inicio del gobierno, con desaceleración gradual del empleo.

No es que solo haya problemas de comunicación desde el gobierno. En realidad, se están acentuando las dos principales preocupaciones ciudadanas (la economía y la delincuencia), lo cual ha ampliado la brecha con las expectativas creadas. A su vez, en la misma dirección de pérdida de capital político, juegan las decepciones sobre la calidad de los liderazgos y los estándares éticos.

Previsiblemente, las implicancias para la economía de todo esto pasan por la gobernabilidad, la configuración del próximo ciclo electoral, las presiones sobre la política fiscal y otras reacciones en políticas públicas. De nuevo, evidenciada la problemática, que se revierta o se profundice depende de “la solucionática”.

En términos de gobernabilidad y ciclo electoral, la baja popularidad del gobierno de turno suele crear incentivos para demarcarse. En la coyuntura uruguaya actual, esto puede ocurrir por derecha y por izquierda.

Desde la Coalición Republicana, el instinto natural sería reforzar la oposición rumbo a 2029, aún cuando le convendría el apoyo de ciertas políticas de largo plazo si pretende volver al gobierno.

Desde ciertos sectores del Frente Amplio, la diferenciación conllevaría mayores demandas de viraje a la izquierda y presiones adicionales de gasto fiscal, en parte estimuladas también por lecturas erróneas sobre “el giro a la derecha” de América Latina.

Desde partidos bisagra, el incentivo es “vender caros sus votos”, no necesariamente en medidas o políticas públicas de calidad.

En fin, todo eso está presente en el proceso de la Rendición de Cuentas actual y podría potenciar cierto statu quo hasta 2030, con la economía a merced del entorno externo y riesgos acrecentados en las problemáticas de crecimiento, empleo, sostenibilidad fiscal, peso del Estado y competitividad.

Todo eso también tiene implicancias para el gobierno 2030-35, que el sistema político completo debería internalizar. Más que “una revolución de pequeñas cosas”, el país parece necesitar una de grandes cosas y en la dirección correcta, para salir de la mediocridad.

Los sectores líderes del Frente Amplio deberían impulsarla, aún sin capital político, con el incentivo del reconocimiento de largo plazo, como Lacalle Herrera en Uruguay o Ricardo Lagos en Chile. La Coalición Republicana, o una parte de ella, debería apoyarla si considera que le adelanta tareas de un eventual regreso al poder.

Pero intuyo que esto es solo una expresión de deseos. El corto plazo ponderará más que el largo plazo y quizás “la gran problemática” quede ineludiblemente para el próximo gobierno.