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Elevator speech para el presidente Mujica

Semanario Búsqueda,  31 de marzo

El término elevator speech se usa para definir la oportunidad de transmitir una idea o proyecto en forma breve y concisa, es decir, en el poco tiempo que puede tardar un ascensor en subir desde la planta baja hasta el piso 20. ¿Ha hecho alguna vez el ejercicio de pensar cómo le “vendería” un emprendimiento a un gran inversionista en tan sólo un minuto de contacto? ¿Cómo convencería a un político de una buena idea si se encontrara con él caminando en las escalinatas del Estadio Centenario? Últimamente he hecho muchas veces ese ejercicio pensando en un posible encuentro con el presidente José Mújica u otro líder político y he terminado -a grosso modo- con este “elevator speech” referido al desarrollo económico de Uruguay.

Empezaría por mencionarle el creciente consenso existente respecto a que el declive uruguayo, como bien lo ha llamado Gabriel Oddone en su reciente libro, tuvo su origen más a comienzos que a mitad del siglo XX y se debió al deterioro y adopción de ciertas instituciones y políticas públicas. No hubo mayor responsabilidad de agentes externos, ni de políticas internacionales. Uruguay se autogeneró el estancamiento al desinsertarse del mundo y promover el desarrollo hacia adentro. El país ha ido aprendiendo la lección y aunque con titubeos, parece haber moderado su dependencia regional y emprendido el camino de la reinserción global. De hecho, cuando hoy cumple 20 años, el Mercosur no tiene fiesta de cumpleaños, ni discursos evocativos. El mensaje y la acción parecen reorientadas hacia profundizar la inserción al mundo. Está bien. Después de todo, no hay país pequeño que haya alcanzado el desarrollo en forma aislada.

Pero Uruguay también se retrasó con la pérdida de neutralidad en el diseño y ejecución de las políticas públicas, la influencia de los ciclos electorales en las reformas constitucionales y la administración económica, el privilegio de intereses sectoriales a través de manejos redistributivos ineficientes e ineficaces, los sucesivos cambios en las reglas del juego, la inconsistencia intertemporal en las decisiones gubernamentales, la pérdida de autonomía del sistema político respecto a algunos actores sociales, y la gradual captura del Estado por parte de algunos corporativismos. En todo este frente institucional, a diferencia de lo ocurrido en las políticas comerciales, más que avances, hoy se perciben señales de estancamiento y hasta retrocesos. Es aquí donde el gobierno y el resto del sistema político deben librar la gran batalla. De lo contrario, la historia volverá a repetirse.

Entre las principales armas deberían estar el uso del liderazgo para anteponer los intereses generales por los sectoriales, la búsqueda de los consensos, el rechazo al populismo y la apuesta por reformas cuyos frutos emergerán en el largo plazo. Nada desconocido.

Pero, sobre todo, falta definitivamente institucionalizar el predominio de criterios técnicos y un enfoque económico moderno para una asignación más adecuada de los recursos. Esto es válido tanto para el sector público como privado.

En el caso de los estatales, el análisis y debate debe incorporar los criterios de eficacia (logro de objetivos), eficiencia (costo-productividad) y focalización (efectividad en la llegada a los más necesitados). Urge incorporar rankings de rentabilidad social para mejorar la asignación de recursos públicos que son escasos y atienden fines múltiples. No puede seguir ocurriendo que tengan la misma prioridad y valoración recursos públicos destinados a financiar una ópera que un programa de alimentación infantil, en circunstancias que aún teniendo ambos externalidades positivas, su magnitud difiere considerablemente.

En el caso de recursos privados, si bien la asignación responde más a criterios de eficiencia y rentabilidad, ha crecido en los últimos años la influencia de los subsidios estatales y las franquicias tributarias, lo que implica una ingerencia mayor del Estado en su alocación. No se entiende por qué en vez de privilegiar el óptimo de impuestos bajos y parejos, con estímulos muy focalizados, se mantiene el esquema imperfecto y subóptimo que contempla una altísima carga tributaria mezclada con subsidios sectoriales que contemplan el riesgo de captura corporativista.

Por último, hay tres elementos adicionales que no pueden descuidarse: dos inherentes al enfoque económico moderno (los incentivos y la potencia de los paquetes de reformas) y uno relativo al funcionamiento político y estilo presidencial (el sentido de urgencia). Si los incentivos no están bien diseñados, independiente del ámbito en cuestión, ya sea en la educación o en la generación eléctrica, no se conseguirán los objetivos buscados. Si algunas políticas se materializan aisladamente, su impacto estará lejos de alcanzarse a plenitud. Si no aceleramos el ritmo de las reformas, otra generación de niños y jóvenes quedará rezagada, condenada a la pobreza y a la falta de oportunidades.

Piso 20. Fin del viaje. Presidente: ahora es su turno.

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