Aldo Lema

Semanario Búsqueda, 2 de junio

Cada vez existe mayor consenso respecto a las políticas públicas que le han permitido a Chile exhibir 25 años de crecimiento económico, reducir estructuralmente la pobreza, liderar los indicadores de desarrollo humano en la región, incrementar la movilidad social, atraer inmigrantes y hasta mejorar la distribución del ingreso. Desde Hernán Büchi, Ministro de Hacienda del dictador Augusto Pinochet hasta Andrés Velasco, que ocupó el mismo cargo en el gobierno socialista de la ex presidenta Michelle Bachelet, han defendido la importancia de los derechos de propiedad, de la integración plena al mundo, de la estabilidad macroeconómica basada en reglas, del uso preferente del mercado como asignador de recursos, de la promoción de libre competencia, de la supervisión adecuada del sistema financiero y de la focalización del Estado en regulación y provisión eficiente de servicios (o subsidios) en materia social.

Más recientemente también se han ido destacando los avances de Chile en materia de consensos y funcionamiento de su sistema político. Tras las traumáticas experiencias de la Unidad Popular y del gobierno militar, los partidos pusieron “las barbas en remojo”, renovaron sus cuadros y desarrollaron un “pacto tácito” para construir pilares que evitaran repetir un resquebrajamiento económico, político, social e institucional como el de los ‘70. Es indudable que las políticas mejoraron, en parte, porque mejoró “La Política”.

Pero lo que suele destacarse menos y tuvo un papel clave en la transformación de Chile fue la modernización de la enseñanza de la economía, primero a nivel terciario y luego también en secundaria. La gran revolución empezó con los convenios impulsados por las universidades tradicionales con algunas de sus pares norteamericanas en los ’50.

Previo a eso, las dos principales entidades académicas del país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, formaban “ingenieros comerciales” con mucha preparación en matemática, derecho y contabilidad, pero con muy poca en administración y en economía. Peor aún, los escasos contenidos económicos no necesariamente respondían a enfoques teóricos modernos. En ambas instituciones se ponía énfasis en el desarrollo hacia adentro, las desventajas del mercado y de la propiedad privada, el enfoque estructuralista de la inflación y las virtudes del estado productivo. Las teorías marxistas influyeron el método de investigación, la interpretación de los ciclos económicos y el peso de la planificación central en el ejercicio de la política económica.

Todo empieza a cambiar con la modernización primero de “La Chile” en 1951-55, al impulsar intercambios con universidades internacionales e incorporar profesores extranjeros, y luego de “La Católica”, que reacciona suscribiendo el famoso convenio con la Universidad de Chicago en 1956. Aunque suele caricaturizarse como un simple programa para becarios, la realidad demuestra que fue muchísimo más que eso. Implicó un cambio radical en los planes de estudios, con la incorporación en Santiago de profesores full time formados en EEUU, un mayor énfasis en la investigación, el desarrollo incipiente de programas de postgrados y hasta la creación de una moderna biblioteca. Pero además, esta mejor educación trascendió al grupo reducido de Chicago boys: afectó a todos los egresados de “La Católica”, transformó los programas de “La Chile”, se extendió a las universidades privadas y se fue diseminando en toda la sociedad.

¿Cuáles fueron los grandes cambios? Aunque hubo progresos en matemáticas, administración y macroeconomía, los más importantes fueron en microeconomía. Perdió importancia la ideología y se avanzó en la educación de teorías científicamente aceptadas por su capacidad para realizar mejores predicciones económicas.

Los primeros cursos ya no fueron sobre historia económica, ni sobre el viejo debate de qué determina el valor, sino que se focalizaron en las teorías que explican la reacción de los agentes económicos al problema de la escasez. Así, el problema económico -entendido como el desequilibrio entre fines múltiples y recursos limitados, así como todas sus derivaciones en términos de leyes de oferta y demanda- pasó a ser el centro de la atención. Y conceptos tales como costo de oportunidad (“nada es gratuito” ya que existen alternativas), el principio de racionalidad económica (guía para la acción de los agentes), rentabilidad social (criterio para asignar los escasos recursos del estado) o el propio teorema de Coase (la asignación de derechos legales no afecta la asignación de recursos entre privados) fueron impregnando el análisis económico chileno.

Muchos de esos conceptos siguen hoy poco arraigados en el debate uruguayo, ya sea por la baja importancia asignada a la microeconomía en las carreras de la tradicional y estatal Universidad de la República (UdelaR), o por el bajo número aún de egresados de las privadas. El cambio de Plan de Estudios impulsado actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas de UdelaR constituye una gran oportunidad para rellenar ese déficit y mejorar la calidad de la enseñanza de la economía en Uruguay.