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Cambio de Técnico en Perú

Semanario Búsqueda,  16 de junio

Cuando se enfrenten en la próxima Copa América, Uruguay volverá a ser favorito ante Perú, reflejando una larga historia de supremacía futbolística. Sin embargo, “una sorpresa” nunca puede descartarse y menos considerando el debut oficial en la banca peruana de un técnico como Sergio Markarian. Con su orientación, mejorando la asignación de los recursos, quizás logre acortar la brecha existente.

Eso es lo que ha sucedido en materia económica. Con los lineamientos impulsados por sus últimos presidentes -los “técnicos” Alejandro Toledo y Alan García- Perú sorprendió hasta los más optimistas, creciendo 6,5% anual en la última década y reduciendo la pobreza desde 55% a cerca de 30% de la población. ¿Cuánto de esto se debe simplemente al favorable entorno externo (“la cancha en bajada”)? ¿Cuánto al diseño y ejecución de mejores políticas públicas (“a las orientaciones de los técnicos)? ¿Cuánto cambiará con la llegada de Ollanta Humala (“el nuevo técnico”)?

Es indudable que Perú se ha beneficiado del alto crecimiento mundial, del debilitamiento global del dólar, de los históricos precios del oro, cobre y otros productos básicos, de las bajas tasas de interés internacionales y de los masivos flujos de capitales hacia países emergentes. Pero no parece que estas condiciones cíclicas lo hayan favorecido más que al resto de América Latina, ni que las haya explotado irracionalmente con políticas de “pan para hoy y hambre para mañana”. Que Perú haya estado acortando la brecha de ingreso respecto a la región parece deberse más a reformas y mejoras estructurales por el lado de la oferta que a impulsos de demanda.

En efecto, siguiendo a Chile -al extremo de poner como meta nacional superarlo en ingreso per cápita- los últimos gobiernos peruanos desarrollaron políticas e instituciones que privilegiaron al sector privado como motor de la actividad y concentraron al Estado en la regulación económica y en la ejecución focalizada del gasto social. Una primera orientación clave fue el fortalecimiento de los derechos de propiedad como principal estímulo al crecimiento económico. Girando 180 grados respecto a su primer gobierno “colectivista”, el presidente García planteó de partida como el mayor problema de Perú que “sus bienes no se pueden poner en valor, ni vender, ni se puede invertir en ellos, ni generar empleos con ellos…muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘si no lo hago yo que no lo haga nadie’”. Para revertir todo eso, García mantuvo baja la presión tributaria, promovió el gasto en infraestructura y disminuyó la burocracia estatal que limitaba el emprendimiento. Como resultado, tuvo un salto de la inversión a 27% del PIB.

En este tema, si bien los mercados han estado descontando que Humala tendrá condiciones menos propicias para la inversión, en especial en la minería, todas sus últimas señales -desde los mensajes pro crecimiento, pasando por el acercamiento a Toledo, la interlocución de Alvaro Vargas Llosa ante los gobiernos del Grupo de los Siete, hasta la reciente nominación del equipo económico de transición- sugieren la continuidad de los lineamientos de García.

El segundo gran impulso que tuvo Perú provino de su reinserción en el mundo. Para ello se firmaron 10 acuerdos de libre comercio (el más importante con Estados Unidos), se le dio el golpe de gracia al Pacto Andino, se promovieron rebajas arancelarias y se acentuó la apertura de la economía. En este frente, las recientes declaraciones de Humala en Montevideo, descartando una integración económica con Mercosur por “problemas arancelarios” y por incompatibilidad con los tratados ya firmados por Perú, desestiman también un cambio de rumbo.

El tercer lineamiento clave de los últimos gobiernos peruanos fue asegurar la estabilidad macroeconómica por la vía de respetar la Ley de Autonomía del Banco Central, cuya prioridad es la inflación baja y estable, y aprobar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establece un límite máximo de 1% del PIB para el déficit fiscal. Como resultado, la inflación ha promediado apenas 2,4% en la última década, las cuentas públicas han convergido al equilibrio este año y la deuda pública bruta ha caído a menos de 25% del PIB. Todo ello en un contexto de fuerte desdolarización que ha llevado los depósitos en moneda extranjera desde 70% del total hace una década a 45% este año.

El presidente electo tampoco ha puesto en entredicho este manejo macroeconómico. En la última versión de su programa de gobierno validó la autonomía del instituto emisor y el desarrollo de una política fiscal contracíclica, comprometiéndose a respetar ambas leyes, aunque insistiendo que habrá una aceleración del gasto público con fines de inclusión y protección social.

Es en esto último donde Humala ha puesto el acento y marcado las mayores diferencias con los lineamientos actuales. En el resto ha dejado entrever que mantendrá las orientaciones. Pero por ahora son sólo declaraciones de prensa. Ya veremos lo que se plasma en la cancha.

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