Aldo Lema

Semanario Búsqueda (23 de febrero)

Uruguay registró en 2011 un déficit fiscal de 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), ligeramente por debajo de lo observado y presupuestado el año anterior (1,1%). Esto fue interpretado por el gobierno como una mejor posición fiscal y la disponibilidad de US$ 140 millones aumentar el impulso fiscal.

Sin embargo, tanto el déficit, pero sobre todo ese enfoque adoptado por el gobierno para manejar el aparente mejor resultado, acentúan las vulnerabilidades y más importante aún, revelan la continuidad de criterios inadecuados en el diseño de las políticas públicas. Veamos por qué.

Respecto a las vulnerabilidades fiscales, hay poco que agregar respecto a lo ya debatido o planteado desde esta columna. Pese al boom, Uruguay sigue sin mostrar superávit y una mejor posición estructural en las cuentas públicas. El menor déficit estuvo asociado a factores transitorios: mayor recaudación por alto crecimiento y menores compras de petróleo.  Así, la política fiscal continúa siendo procíclica y potenciando algunos desequilibrios. Es acelerador cuando debería ser freno.

Pero centremos la atención en los otros aspectos preocupantes en este manejo fiscal.

Primero, como es la tónica general, este es otro ejemplo emblemático de la elevada discrecionalidad de las políticas públicas uruguayas y de los costos asociados. Si estuviera institucionalizada una regla fiscal, como en Chile o Perú, las vulnerabilidades se habrían ido reduciendo más rápidamente y las políticas han habría jugado un rol anticiclico, acotando los desequilibrios y la volatilidad del crecimiento. Los ingresos transitorios se estarían ahorrando o destinando a bajar deuda. En contraste, Uruguay acumula décadas de gran discrecionalidad y déficit fiscal.

Segundo, la discrecionalidad uruguaya es asimétrica. Cuando el déficit es menor a lo previsto y se generan ciertas “holguras” presupuestales, la respuesta natural es buscar alternativas para gastarlas durante el ejercicio siguiente. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario y el déficit supera las previsiones, en vez de un ajuste, la respuesta es transferirle “el exceso” a las generaciones futuras a través de un mayor endeudamiento. Esta asimetría conlleva un alza sistemática en el tamaño del gasto público, con los consiguientes problemas de competitividad hoy y las fuertes vulnerabilidades fiscales mañana.

Tercero, cuando se anuncia que hay “espacio” para un mayor impulso fiscal, se le suele asociar múltiples beneficios económicos, desde la resolución de problemas sociales hasta un mayor crecimiento del PIB, pero se omiten los costos que podría implicar, sobre todo en el contexto de una economía con desequilibrios crecientes. Como en muchas decisiones y acciones públicas, no hay un análisis de costo-beneficio.

Se soslaya, en particular, que un mayor impulso fiscal traerá aparejado, bajo las condiciones actuales de pleno empleo e inercia inflacionaria, presiones adicionales a la baja en el valor real del dólar. Se olvida que la principal política para lograr un tipo de cambio real competitivo en el largo plazo pasa por un mayor ahorro gubernamental y un menor tamaño del  gasto público. En contraste, el mayor impulso fiscal no sólo acrecentará la presión demanda de bienes y servicios, sino también el ajuste cambiario requerido para reencauzar la inflación.

El cuarto aspecto pasa por las señales implícitas en el mensaje del Ministerio de Economía y Finanzas. Si ya antes de que termine el segundo año de gobierno se enfatiza el gasto, por el sobre el ahorro, queda claro que la política fiscal seguirá siendo procíclica, con grados de expansividad crecientes a medida que se acerque el ciclo electoral. Al comportarse como precio de activo, dichas expectativas reforzarán el sesgo bajista del dólar.

Quinto: asumamos que efectivamente hubiera márgenes para promover un mayor impulso fiscal. ¿Por qué debería canalizarse a través de más gasto público? ¿Por qué primero no se analiza la conveniencia de recortes tributarios que mejoren la asignación de los recursos y aumenten la productividad y el crecimiento potencial? Esto parece prioritario para una economía sobrecalentada, sin holguras productivas y con una altísima presión impositiva. Más que políticas de demanda se necesitan políticas de oferta.

Por último, el sexto aspecto revelador de un mal enfoque de política es la falta de criterios para una evaluación social del gasto público. La liberación de US$ 140 millones se convierte inmediatamente en un “coto de caza” de varios ministerios que buscan capturarlo con griterío popular y aliados corporativistas. En contraste con países como Chile, donde cualquier impulso fiscal adicional se asigna siguiendo un ranking de rentabilidad social, tratando ordenar objetivamente las alternativas según sus externalidades, en Uruguay escasea ese enfoque y también domina la discrecionalidad. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto anunció pasos en esa dirección, pero el proceso ha sido más lento de lo requerido.

En síntesis, el episodio fiscal de los US$ 140 millones es probablemente insignificante desde el punto de vista macro. Pero muy revelador de un manejo fiscal mal orientado, ineficiente y muy costoso en el largo plazo. Para muestra basta un botón.