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¿Condenados a la pobreza?

Cuando hoy muchos países necesitan reformas para retomar el crecimiento y otros para hacer sostenible la prosperidad, rescato esta antigua columna que publiqué en El País de Uruguay, tras la crisis financiera de 2002, y que estimo sigue vigente.

Diario El País de Uruguay (4 de agosto de 2003)

La idea de la economía como la ciencia lúgubre o del desencanto (The Dismal Science) es tan antigua como incorrecta. Irrumpió tras la visión apocalíptica de Thomas Malthus a fines del siglo XVIII quien realizó las primeras contribuciones en materia de crecimiento económico. Al asumir stock de capital fijo –tierra- y ausencia de cambio tecnológico, las predicciones malthusianas eran siniestras: el mundo estaba condenado a la pobreza.

Cualquier aumento de la población, único factor productivo variable, implicaba un aumento menos que proporcional en la producción agrícola. Ello generaría tal grado de pobreza que la mortalidad aumentaría y la población finalmente se estancaría. Por lo tanto, el máximo nivel de ingreso per cápita alcanzable sería el de subsistencia. Pero eso no fue lo que ocurrió tras la publicación de la teoría de Malthus. Por el contrario, en los últimos dos siglos la producción en el mundo se multiplicó por más de doscientos, mientras que la población casi se septuplicó. Así, el ingreso per cápita global es actualmente más de treinta veces superior al estimado para 1800, situación que contrasta radicalmente con el estancamiento de los milenios previos.

La teoría neoclásica. La teoría acortó la distancia con la realidad al incorporar, primero, formas de capital susceptibles de acumulación -inversión en capital físico- y, luego, cambio tecnológico. Así, a principios de la década del sesenta, Robert Solow ensambló la contribución de los distintos factores productivos -capital y trabajo- y su productividad, en la denominada teoría neoclásica del crecimiento. Este paradigna, que dominó la escena académica durante veinticinco años, concluía que:

1) El nivel de ingreso per cápita depende del nivel de la tasa de ahorro total (nacional más externa). En definitiva, de la tasa de inversión capaz de ser financiada.

2) El crecimiento de largo plazo está determinado por la tasa de crecimiento de la población y la tasa de cambio tecnológico (ambas exógenas).

3) El nivel de ingreso de los países pobres convergería al de países ricos, asumiendo el acceso a tecnologías e instituciones similares. Así, la abundancia de capital en los países ricos y su consiguiente baja rentabilidad relativa, lo haría migrar hacia aquellos pobres donde es comparativamente escaso respecto al trabajo, y por tanto, más rentable.

Sin embargo, la realidad mostró que esta convergencia en ingreso se verificaba sólo en forma parcial. Si bien varios países superaron la pobreza en las últimas cinco décadas, hubo naciones ricas –Estados Unidos y Canadá por ejemplo- que siguieron creciendo a tasas muy superiores a las observadas en algunos países pobres. Segundo, algunas naciones que eran ricas a inicios del siglo XX -como Argentina- recorrieron el camino contrario, encaminándose a la pobreza. Por último, estados pobres prolongaron su desdicha.

Convergencia condicional. La tesis doctoral de Paul Romer en Chicago (publicada en 1986) y la participación de Robert Lucas (premio Nobel 1995) en las Marshall Lectures de 1985 –evento de la Universidad de Cambridge donde se convoca a un gran economista a exponer sobre un tema ajeno a su especialización- no sólo empezaron a examinar “estas fallas del modelo”, sino que devolvieron el tema del crecimiento a una posición privilegiada en la agenda de investigación económica. A esto también contribuyó el relativo consenso alcanzado en los temas abordados durante las décadas previas -inflación, desempleo y ciclo económico-; la disponibilidad de mejores bases de datos; y el redescubrimiento de las fuertes implicancias del crecimiento en la calidad de vida de la población, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Por ejemplo, basta considerar que si la brecha de crecimiento observada entre Chile y el resto de América Latina en las últimas dos décadas se mantuviera en las próximas dos generaciones, la diferencia entre ingresos per cápita se amplificaría en casi cuatro veces al cabo de cincuenta años. Como ha dicho Lucas, “las consecuencias que este tipo de cuestiones entrañan para el bienestar humano son tan estremecedoras que una vez que uno empieza a pensar en ellas es difícil hacerlo en otra cosa”. Así, de una vasta investigación empírica, emergió una conclusión robusta. La convergencia en ingreso es un concepto condicional al tipo, desarrollo y calidad de las  instituciones y políticas públicas. No todos los países promueven las políticas e instituciones que estimulan la contratación de factores y el aumento de su productividad. No todos generan el ambiente propicio para la inversión y la innovación que permite que la tecnología, disponible a nivel global, sea incorporada a una velocidad similar. No todos van hacia el mismo destino. Algunos “se condenan” a la pobreza.

¿Qué nos sugiere esta evidencia reciente para evitar este camino? ¿Cuáles son las instituciones y políticas pro convergencia a la riqueza?

Agenda pro crecimiento. La nueva literatura del crecimiento[1] ha reconocido los siguientes factores como relevantes:

1. Estabilidad macroeconómica. Países con crisis macro recurrentes muestran un crecimiento inferior al de países estables. La solvencia fiscal -lograda con baja presión tributaria-, la estabilidad de precios -apuntalada por una independencia genuina del Banco Central- y la solidez del sistema financiero -conseguida con una adecuada red de seguridad constituyen condiciones necesarias para el crecimiento, aunque no suficientes. En las últimas décadas la ciencia económica nos ha enseñado que tanto como la macro, importa la micro.

2. Elevada apertura al comercio internacional. Esto no sólo genera fuertes ganancias de bienestar para los consumidores, sino que permite aprovechar las economías de escala derivadas del acceso a mercados de mayor tamaño y favorece la búsqueda permanente de mayor eficiencia. O sea, ganancias estáticas, pero también dinámicas. Por lo demás, la apertura explicita los costos de la indisciplina macro y de instituciones inadecuadas, y constituye la política industrial más eficiente, en tanto introduce incentivos parejos que concentran los recursos en actividades productivas en vez de dedicarlos a la búsqueda de rentas.

En contraste, las políticas industriales tradicionales o de promoción sectorial inducen la captura del Estado por intereses corporativos, sin que necesariamente eleven el nivel de producto, aún cuando pueden alterar su composición. No existe evidencia, además, respecto a la ventaja relativa de los burócratas de turno para identificar sectores ganadores y perdedores. En cambio, sí hay evidencia respecto a los focos de corrupción que inducen dichas políticas.

3. Gasto público reducido, eficiente y focalizado. La evidencia disponible revela una relación inversa entre el tamaño del estado -presión tributaria- y el crecimiento económico, especialmente cuando el gasto público está concentrado en partidas corrientes. Correspondería, entonces, concentrar los recursos fiscales en la ejecución directa o –mejor aún- en el financiamiento de la ejecución privada de aquellos proyectos con mayor rentabilidad social. Subsidios a la demanda, privatizaciones y concesiones –todo implementado con una regulación adecuada- representan soluciones de mercado que promueven la eficiencia y liberan al Estado del cautiverio corporativista.

4. Instituciones apropiadas. La existencia de estabilidad política, mercados competitivos, respeto a los derechos de propiedad y vigencia del estado de derecho, entre otras condiciones, incentivan la inversión y el funcionamiento eficiente de la economía, estimulando la generación de riqueza. La evidencia muestra que incertidumbre política, reglas inestables y poca competencia inducen bajo crecimiento.

5. Desarrollo de los mercados financieros. Un sistema financiero desarrollado y profundo estimula el crecimiento a través de una canalización ágil de los recursos desde los oferentes de ahorro hacia oportunidades rentables de inversión, ejerciendo una presión sistemática para un uso eficiente de ellos. Países atrasados financieramente van perdiendo posición relativa en el ranking de ingreso.

6. Mayor capital humano, mejor educación. Existe evidencia sólida respecto a que aumentos de capital humano inducen un mayor crecimiento, aún cuando no es claro como opera esta relación. Hay autores como Lucas que enfatizan el learning by doing (aprendizaje en el trabajo) y otros –Romer por ejemplo- que resaltan el contacto con la tecnología. En ambos sentidos, el capital humano se ve estimulado por la apertura comercial, además de una alta calidad en la educación.

7. Paquetes de políticas. Para concluir cabe señalar que esta nueva literatura no sólo ha identificado los factores previamente mencionados como fundamentales para un crecimiento alto y sostenido, sino la existencia de fuertes economías de ámbito en su implementación. Con la evidencia reciente ha ganado terreno la hipótesis de que “paquetes de política” suelen generar un impacto superior al obtenido de la simple suma de sus aportes individuales. Aún más, los efectos positivos de algunas reformas estarían lejos de alcanzarse a plenitud si se materializan aisladamente.

En conclusión. A principios del siglo XXI y luego del mayor colapso económico de su historia, el panorama económico de largo plazo de Uruguay pareciera tanto o más sombrío que los pronósticos malthusianos. Sin embargo, doscientos años no han pasado en vano y los avances de la teoría del crecimiento -especialmente en las últimas dos décadas- sugieren que la condena a la pobreza es evitable, así como su inexorable consecuencia: el resquebrajamiento social e institucional. El logro de un crecimiento sostenido es el antídoto.

¿Podrá haber en los próximos años una tarea más prioritaria para el sistema político uruguayo?


[1] Al respecto véase el libro Economic Growth: Sources, Trends and Cycles publicado por el Banco Central de Chile en 2002 y editado por Norman Loayza y Raimundo Soto. Esta publicación reunió más de una docena de artículos presentados por expertos en crecimiento en una conferencia previa realizada en Santiago. En ella destacó la presencia de Robert Barro, Ricardo Caballero, William Easterly, Ross Levine y Xavier Sala-i-Martin, entre otros.

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