Aldo Lema

Cada cierto tiempo aparecen cuestionamientos al modelo económico chileno y sus resultados en materia social. Esta columna resume el balance que realizaba en 2007 y que esencialmente sigue vigente.

La Tercera (23 de noviembre de 2007)

La llegada de fin de año genera siempre un ambiente propicio para balances y recapitulaciones. Además de la agudización de la crisis inmobiliaria en EE.UU. y el desborde inflacionario a nivel local, «el anuario económico» debería incluir un capítulo sobre el (reavivado) debate en torno al modelo de desarrollo adoptado por Chile. Si bien los cuestionamientos han prevalecido por décadas, este año no sólo se intensificaron, sino que también alcanzaron nuevas dimensiones.

A mitad de los ’80, las críticas apuntaban al carácter antidemocrático y supuestamente ilegítimo del modelo. Habiendo sido completamente validado por los gobiernos de la Concertación, los cuestionamientos fueron girando hacia su presunta incapacidad para reducir la pobreza y mejorar los indicadores sociales. La evidencia reciente ha ido derribando este mito. Mientras la indigencia disminuyó desde 17% de la población en 1987 a 3% el año pasado, la pobreza lo hizo desde 46% a 13,7% en igual lapso (destacando que la pobreza crónica –aquellos que siempre han sido pobres- alcanzó a apenas a 4,8% de la población en la última década).

A su vez, la mortalidad infantil se redujo a menos de 8 niños por mil, la expectativa de vida al nacer subió a 76 años, la cobertura en educación secundaria se elevó a 85% y los sectores más pobres mejoraron sustantivamente el acceso a los servicios básicos. Esto hizo que Chile avanzara desde la «mitad de la tabla» hace dos décadas, a una posición de liderazgo en materia de indicadores sociales en América Latina, según compilaciones de la CEPAL y del PNUD. Dichos progresos obedecen, ciertamente, al logro de un crecimiento alto y estable, en un contexto de elevado dinamismo del mercado laboral. En este último cuarto de siglo, la economía se expandió a una tasa promedio cercana a 6%, la masa salarial se triplicó en términos reales y el PIB per cápita medido en dólares corrientes se multiplicó por siete, bordeando los US$ 10 mil este año.

Desde la campaña electoral de 2005 y especialmente este año, con el reclamo de «un salario ético» por parte de monseñor Goic y la consiguiente creación de la Comisión de Equidad, el debate se ha ido centrando en la elevada desigualdad en los ingresos que el modelo habría generado en las últimas décadas. Sin embargo, éste no es un fenómeno nuevo en Chile que pudiera atribuirse al modelo. La distribución ha permanecido relativamente inalterada en los últimos 50 años, trascendiendo gobiernos y sistemas económicos. De hecho, la razón entre el 20% más rico y el 20% más pobre fue 13 veces en 2006, un nivel muy similar al registrado en 1965 (13,8 veces). Y más importante aún: la evidencia reciente empieza a sugerir que también se han producido ciertos avances en esta dimensión.

En primer lugar, la distribución actual es menos desigual al incorporar las transferencias monetarias focalizadas y los subsidios para educación y salud que el crecimiento económico ha permitido financiar sin comprometer la solvencia fiscal, ni elevar mayormente la presión tributaria. En segundo lugar, el crecimiento del producto, del empleo y de los salarios reales, no sólo ha reducido la pobreza y mejorado los indicadores sociales, sino que también ha venido promoviendo una mayor igualdad de oportunidades. Una investigación del economista Claudio Sapelli, del Instituto de Economía de la Universidad Católica, demostró que se observa una menor desigualdad del ingreso en las generaciones más jóvenes, debido al mayor y mejor acceso a la educación. Cierto. Entre 1990 y 2006 la matrícula en educación superior casi se triplicó, con lo cual hoy el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años cursan estudios terciarios y siete de cada diez jóvenes representan la primera generación de su familia en acceder a ellos. Por último, un estudio del economista argentino Sebastián Calónico revela que la sociedad chilena registra la mayor movilidad social en América Latina. La baja emigración de chilenos registrada en las últimas décadas y el arribo de casi 100 mil extranjeros en los últimos 15 años, mayoritariamente provenientes de la región, corroborarían dicha conclusión.

Aunque Chile enfrenta todavía grandes desafíos para seguir acortando la brecha de ingreso con los países industrializados, eliminar la pobreza y aumentar la igualdad de oportunidades, puede concluirse que el balance social de la senda escogida resulta ampliamente positivo. Y así también parece reconocerlo la ciudadanía. Un sondeo realizado este año por el Centro de Encuestas de La Tercera reveló que el 55% de los chilenos (67% en el caso de los jóvenes) respaldaba el modelo económico vigente.

En los dos años que se avecinan veremos si ese favorable balance permea también al sistema político. Ahí está, probablemente, la gran oportunidad de crecimiento electoral, tanto para sectores que siguen resistiendo el modelo o para aquellos que -abrazándolo en su fuero íntimo- les cuesta defenderlo y preconizarlo públicamente.