Aldo Lema

Búsqueda (Uruguay)

Había, al menos, dos condiciones que podían frenar y eventualmente revertir el viraje iniciado por Chile desde que Michelle Bachelet volvió al gobierno. Por un lado, una fuerte desaceleración de la actividad, con un deterioro generalizado de las expectativas. Por otro, una alta desaprobación ciudadana de las reformas impulsadas y del gobierno en general. Ambos factores ya estaban presentes antes que emergieran los escándalos relacionados con aportes a campañas electorales, que comprendieron transversalmente al sistema político, o vinculados a eventuales tráficos de influencias, que hasta involucraron a la familia de Bachelet.

Fue así que, con la economía creciendo cerca de 1%, la aprobación presidencial en 29% y la percepción del 84% de la población de que el país está en estancamiento o en decadencia, la presidenta decidió remover el equipo político y al socialista Alberto Arenas como Ministro de Hacienda, además de introducir algunos enroques en el resto de las carteras.

¿Se trató sólo de cambios de forma? ¿O también habrá ajustes de contenido?

En cuanto a las formas, los cambios fueron profundos.

Primero, no sólo fue destituido “el jefe económico”, sino también el Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, una especie de vicepresidente en la estructura gubernamental chilena. Ambos estaban básicamente en sus cargos por cercanía a Bachelet y para ejecutar el programa que ellos mismos habían diseñado en la campaña electoral. Ahí se contemplaba una especie de refundación del modelo chileno con reformas en materia tributaria, educativa, laboral, previsional y hasta constitucional que esencialmente priorizaban objetivos redistributivos por sobre el crecimiento.

Segundo, la remoción del Ministro de Hacienda no fue una señal menor. Se trata de la primera vez que ello ocurre desde el retorno a la democracia en 1990. De hecho, casi todos los ministros anteriores, con agendas “más moderadas”, habían terminado con alta aprobación ciudadana y se habían proyectado políticamente.

Por último, los reemplazantes parecen especialmente elegidos para restablecer el diálogo en materia política y recuperar las confianzas en materia económica.

El nuevo Ministro del Interior, Jorge Burgos, que proviene de la Democracia Cristiana, tiene vasta experiencia política y gran aceptación trasversal. Al asumir ha señalado que “no le gustan la retroexcavadoras”, un término acuñado por parte de la coalición gobernante para graficar el objetivo de cambiar el modelo económico.

En tanto, el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es un destacado técnico, que ocupó la presidencia del Banco Estado y fue previamente director de estudios del Banco Central de Chile, funcionario del FMI y economista en el sector privado. Desde el punto de vista político, lo más relevante es su cercanía con el actual Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, con quien trabajó en Hacienda, durante la presidencia de Ricardo Lagos.

Como resultado, por esos tres nombres pasaría el nuevo eje de gobierno. Esto ha creado expectativas de algunos cambios de fondo. Transversalmente se ha especulado con un “giro hacia el centro”, una “moderación de las posiciones” y una recuperación del crecimiento como prioridad, por sobre objetivos redistributivos. Una especie de “marcha atrás” en el manejo político y económico desarrollado durante el último año.

Al menos, los incentivos están puestos en esa dirección.

Primero, como se ha dicho, este giro podría “salvar la presidencia de Bachelet”. Para recuperar popularidad o neutralizar el retorno de Sebastián Piñera al gobierno en 2018, una reactivación económica parece condición necesaria. Y para eso, a su vez, será clave mejorar las confianzas y expectativas del sector privado, en un contexto externo poco favorable.

Segundo, dadas las preferencias ciudadanas, todo indica que el próximo “partido electoral regresaría a jugarse en la mitad de la cancha”, luego de la disputa de “arco a arco” de las presidenciales pasadas. Así lo sugieren los desarrollos recientes y los sondeos de opinión. Una gran mayoría quiere mejoras en educación y otras áreas, pero está lejos de aceptar la destrucción de los pilares y el sacrificio del crecimiento.

Tercero, si al gobierno le faltaba una personalidad del estilo del otrora Ministro de Hacienda Andrés Velasco, con gran liderazgo intelectual y académico, dispuesto a frenar planteos populistas transversales, quizá ahora ese rol lo juegue alguno de los integrantes del nuevo eje.

Con todo, si bien los incentivos parecen evidentes, surgen muchas dudas respecto a que puedan operar plenamente en la coyuntura actual, dados los compromisos asumidos y ciertas presiones corporativistas.

Pero más allá de cómo sigue este proceso, ya hay algunas lecciones para Uruguay y otros países de América Latina.

Está claro que un buen manejo y desempeño económico siguen siendo prioritarios para la ciudadanía. Son determinantes en la aprobación presidencial y en materia electoral. También es evidente que el crecimiento nunca está asegurado y quitarle prioridad o subordinarlo a objetivos redistributivos, conlleva inexorablemente altos costos, sobre todo en materia social. El ejemplo reciente de Chile, esta vez negativo, así lo ratifica.