Aldo Lema

Semanario Búsqueda (Uruguay)

Como es sabido, el problema económico consiste, en lo esencial, en la asignación de recursos escasos a fines múltiples. En el sector privado, este es un ejercicio básicamente individual, ya sea en el rol de trabajador, consumidor, empresario, o simplemente ciudadano. En ese ámbito, cada agente optimiza los recursos que dispone según sus preferencias y las restricciones propias e impuestas por la sociedad. A nivel estatal, el problema tiene mayores complejidades. Con recursos que provienen de la ciudadanía en su conjunto y que también son escasos, el Estado –además de proveer una canasta básica de bienes y servicios públicos- le entregará a sociedad otras prestaciones y transferencias, todo lo cual debería respetar los criterios de mayor eficacia, focalización y eficiencia. Esto último impone dos grandes desafíos.

Primero, la necesidad de contar con evidencia sobre las políticas públicas y medidas concretas de gobierno. Ya sea de la evidencia internacional o de la evaluación sobre la marcha, es imprescindible disponer de antecedentes sobre cuáles medidas son más efectivas y entre ellas, las que comprometen menos recursos fiscales. Por ejemplo, en el Uruguay actual, en un tema tan importante como reducir la deserción en educación secundaria, es clave identificar, desde la producción académica mundial o en las experiencias de algunos centros educativos locales, los casos exitosos, pero también los más eficientes. O sea, las causas del éxito y su relación beneficio-costo.

Segundo, la asignación debería realizarse de acuerdo a un ranking de rentabilidad social que intente ordenar las alternativas según las externalidades (positivas) que producen. En concreto, los recursos escasos deberían ser focalizados entre los más necesitados, que deberían ser, en definitiva, los más beneficiados.

El ranking y la elección parecen fáciles de hacer si la disyuntiva del Estado está entre financiar un programa de ópera o un proyecto de alimentación infantil para niños pobres. Pero el proceso resulta bastante más difícil cuando hay más opciones en el menú y éstas aparecen, a primera vista, más equilibradas en términos de rentabilidad social. Por ejemplo, ¿cómo optar si dilema entre subsidiar la educación universitaria o la técnico-profesional?

Durante las últimas décadas, desde la ciencia económica, ha existido un creciente esfuerzo por avanzar en ambos frentes, tanto en mejorar la evaluación de impacto de los programas como en darle un orden de prioridad.

Un ejemplo destacado y que está siendo seguido con atención es el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab -más conocido como J-PAL-, del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Este centro de investigación fue concebido en 2003 como un proyecto académico de los profesores Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Sendhil Mullainathan, con la finalidad de desarrollar metodologías y buscar evidencia científica sobre el desempeño de ciertos programas para la reducción de la pobreza en el mundo.

Si bien existe creciente consenso sobre la relevancia del crecimiento económico para lograr ese objetivo, aún se sabe muy poco sobre la efectividad de medidas concretas, especialmente en aquellos países o continentes con situaciones más dramáticas. Hay muy poca evidencia, por ejemplo, sobre la eficacia relativa de muchos programas que se han adoptado en África e implicado enormes cantidades de recursos, sin los resultados esperados.

Hoy este “laboratorio contra la pobreza” está en todos los continentes, con 6 oficinas en el mundo, además de la sede central instalada en Boston. A América Latina llegó hace cinco años con la apertura de una oficina en Santiago, en la Universidad Católica de Chile, desde donde está trabajando para toda la región. Y enhorabuena ha empezado a acercarse a Uruguay, con la evaluación (favorable) del proyecto “Un techo para mi país” y el anuncio de breves cursos en la Universidad de Montevideo durante marzo.

Aún cuando se advierten ciertos progresos en esta materia, Uruguay y el resto del continente reflejan claramente las necesidades para las cuales J-PAL fue creado.

Primero porque, pese a la mayor importancia de estos temas en la agenda de entidades gubernamentales, universidades o centros de estudios, la evidencia sobre la efectividad de los programas es aún escasa. Y como sugieren el propio Banerjee y otros investigadores de J-PAL esta ausencia hace que la discusión sobre algunas medidas se polarice y quede muy centrada en grandes principios éticos y morales –imprescindible por supuesto- pero poco en su eficacia y eficiencia. Se requiere más información y evidencia para mejorar la calidad del debate. Eso debería ser una prioridad en la agenda de todas esas entidades, pero sobre todo en el gobierno, por los volúmenes de recursos públicos comprometidos y los impactos en el bienestar de la sociedad.

Segundo porque, además de las políticas públicas, irá creciendo la necesidad de evaluar el impacto de iniciativas privadas, como ya hicieron J-PAL con “Un techo para mi país” y los investigadores Ana Inés Balsa y Alejandro Cid con el Liceo Jubilar.

Por último, porque mientras el tiempo pasa, sin éxito en algunos programas o la parálisis de acción en otros, lo que se vuelve ética y moralmente inaceptable es que algunos sectores sociales vayan quedando rezagados en términos de ingreso y oportunidades.