Aldo Lema

Búsqueda (Uruguay)

Michelle Bachelet está cumpliendo un mes instalada nuevamente en La Moneda. Sin embargo, su primera gran medida de gobierno la concretó antes, con el nombramiento del gabinete ministerial en enero.

En lo superficial, no se percibieron allí grandes diferencias respecto al armado hace ocho años, en ocasión de su primera gestión. Se repitió la historia: gran influencia de ella en las designaciones, poca de los partidos, promoción de varios “jóvenes”, buena dosis tecnocrática y evidente ausencia de políticos históricos.

Con todo, en el fondo, subyace una diferencia que puede resultar clave en el Chile que viene. No parece haber una personalidad del estilo del otrora Ministro de Hacienda Andrés Velasco, autodefinido como “liberal progresista”, con gran liderazgo intelectual y académico, dispuesto a frenar planteos populistas transversales. Quizá ese rol podría jugarlo ahora el nombrado Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ex jefe económico en el gobierno de Ricardo Lagos, pero parece difícil que vaya a ejercerlo. Ya tiene bastante con los temas de su cartera y quizá también con sus ambiciones más inmediatas en política.

Una “ausencia” así podría sentirse incluso más en el Chile actual. Hoy la injerencia de algunos corporativismos es mayor y el peso del análisis técnico menor. De ahí viene la reciente advertencia de la revista británica The Economist: ahora será Bachelet quien deberá desplegar “todas sus habilidades si no quiere sacrificar las buenas políticas públicas en el altar del populismo”. El “cuiden lo que tienen”, como le recomendó el presidente Mujica a los chilenos, está ahora completamente en sus manos. Si no lo hace ella, nadie lo hará. ¿Podrá ella?

La segunda gran medida de Bachelet, ya en la presidencia, fue enviar al Congreso una de las tres grandes reformas comprometidas en el programa de gobierno: la tributaria. Luego vendrán los cambios en educación y una nueva Constitución, sobre lo cual pocos detalles se conocen. Tampoco de las agendas en energía, donde múltiples restricciones a la oferta han elevado las tarifas eléctricas, y en crecimiento, donde se han insinuado algunas medidas (no muy contundentes) para incentivar la innovación y la productividad.

En materia tributaria, la reforma fue originalmente planteada por la necesidad de generar mayores recursos (3% del PIB) para abordar los mayores gastos estructurales implícitos en la promesa de gratuidad universal y fortalecimiento de la educación pública. Con todo, como suele suceder, la reforma tributaria dejó de ser un simple instrumento (ojalá eficiente) de mayores ingresos estructurales y adquirió poderes u objetivos redistributivos e incluso un supuesto rol como “garante de la gobernabilidad”. Quizá terminó como un fin en sí mismo.

Todo eso eliminó del menú de opciones otras alternativas de financiamiento que podrían haber aportado: activos financieros del Estado, colocación en Bolsa de algunas empresas estatales, deuda pública (dada la posición acreedora neta del Fisco) o incluso una mayor tasa de IVA.

Es indudable que con el proyecto enviado habría una especie de refundación del sistema tributario. Se propone pasar gradualmente desde un régimen de impuesto a la renta que, en última instancia, termina gravando el consumo (al castigar los retiros de utilidades e incentivar el ahorro) a uno que se concentra en los ingresos (la renta propiamente tal).

En efecto, hasta ahora las personas sólo pagan impuestos (progresivos) por las utilidades distribuidas, mientras que las reinvertidas tributan sólo el 20% del impuesto a la actividad económica.

En el proyecto presentado, las personas pagarán por las utilidades totales generadas en las empresas de las que son accionistas (se distribuyan o no). Si a ello se agrega que el impuesto a la actividad económica sube de 20% a 25% y se incorpora una retención de 10%, el gravamen sobre las utilidades de las empresas pasaría a 35%, en línea con la tasa máxima para las personas. Dado el evidente efecto en la inversión y estructura de financiamiento, la reforma contempla pasar a depreciación instantánea de activos fijos, pero sólo en caso de las pequeñas empresas (para las grandes sólo regiría el año siguiente a la aprobación de la reforma).

Esa gran transformación se complementa con cambios en el régimen de inversión extranjera, aumentos en los tributos de las bebidas alcohólicas y analcohólicas azucaradas, alza del impuesto al crédito, la aplicación del IVA a la venta de inmuebles, la eliminación de algunos regímenes de excepción pro ahorro de las personas, algunos «impuestos verdes», una ampliación en las facultades fiscalizadoras por parte de la autoridad y hasta un impuesto de 5% a los “cargos políticos”.

¿Qué cabe esperar de todo esto?

Primero, una mayor carga tributaria a las utilidades de las empresas puede terminar desincentivando la inversión en capital físico y la contratación de mano de obra. Segundo, eso hace improbable que esta reforma ayude a revertir el ciclo de menor crecimiento que ya enfrenta Chile. Tercero, la desaceleración económica implicaría una moderación en la expansión de la masa salarial, y por ende, un menor incentivo a la inversión en capital humano, justamente lo que se quiere buscar con las reformas. Por último, está la duda si el mayor gasto público -que esta alza de impuestos permitirá financiar-, redundará efectivamente en más y mejor educación, y en mayor igualdad de oportunidades. Habrá que esperar la reforma educativa.

Con todo, esto configura un escenario (de riesgo) para Chile de bajo crecimiento, sin necesariamente mayor equidad.