Aldo Lema

Semanario Búsqueda (26 de julio)

Junto con el proyecto de Rendición de Cuentas 2011 enviado este mes al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó, por primera vez en forma pública, cálculos del resultado fiscal de Uruguay medido en términos estructurales.  Como es sabido, el balance del gobierno está influido, tanto en los ingresos como en los gastos, por factores permanentes y transitorios.

Por ejemplo, la recaudación impositiva y, en menor medida, también los egresos, dependen de la posición de la economía en el ciclo. En momentos de boom, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) excede su nivel de tendencia (o sea, hay una brecha de capacidad positiva), los ingresos tributarios efectivos superan los estructurales y algunas partidas del gasto, como los subsidios por desempleo, están transitoriamente aminorados. Además, según el país, las cuentas públicas pueden ser muy dependientes del precio de un commodity, o de la volatilidad de las tasas de interés, o del desalineamiento de tipo de cambio real (TCR), si la deuda pública es alta y/o dolarizada.

Por lo tanto, para llegar a un cálculo del balance estructural del Fisco, es necesario depurar el resultado efectivo de esos componentes transitorios, para que las principales partidas queden en sus valores de largo plazo o estructurales.

En el caso de Uruguay, la metodología usada por el MEF incluyó tres ajustes.

Primero, los ingresos y algunos gastos del gobierno central y del Banco de Previsión Social se corrigieron cíclicamente, lo que arrojó para 2012 recursos sobrenormales equivalentes a 0,3% del PIB.

Segundo, se excluyeron algunas partidas de ingresos y egresos de carácter extraordinario, las cuales este año quedaron neteadas.

Y por último, el resultado de las empresas públicas se ajustó por el sobrecosto energético registrado durante el último tiempo y las variaciones de inventarios del petróleo y sus derivados. Según las estimaciones del MEF, esto representaría erogaciones extraordinarias en 2012 del orden de 0,6% del PIB originadas en la recomposición de inventarios de ANCAP y a los subsidios fiscales para atenuar los mayores costos energéticos.

Como consecuencia, neteando tres partidas, el balance fiscal efectivo estaría transitoriamente deteriorado en apenas 0,3% del PIB, un resultado sorprendente a juzgar por los múltiples indicadores que señalan que la economía está en un período de “vacas gordas”, con un elevado uso de los recursos productivos.

Así, en contraste con la visión dominante, para el MEF la posición de largo plazo de las finanzas públicas uruguayas –aquella que emergería bajo condiciones normales para el ciclo económico y los costos de la energía- sería muy parecida a la actual. Podría decirse que 2012 es, fiscalmente, un año de “vacas cuasi normales”.

De hecho, al incorporar este ajuste cíclico al balance del sector público consolidado y tomando los pagos actuales por intereses, lo cual puede ser incluso benevolente, dado que estas bajas tasas de interés no necesariamente serán permanentes, Uruguay tendría un déficit estructural de 1,4% del PIB en 2012, menor al efectivamente previsto (1,7% del PIB). Se trata de un resultado optimista, quizás atribuible a la sobreestimación del crecimiento potencial, la subestimación de la brecha de capacidad, el uso de una baja elasticidad recaudación a PIB y la omisión de algunos ajustes relevantes (tasas de interés, TCR, etc).

Con todo, que el MEF haya iniciado el cálculo del balance estructural del gobierno representa un gran avance en la evaluación del estado de las cuentas públicas y del impulso presupuestal implícito. Enhorabuena. Esto podría ayudar al diseño de una regla que vincule la expansión del gasto a los aumentos estructurales de ingresos.

Con este enfoque, la política fiscal no sólo pierde discrecionalidad y prociclicidad, sino que gana credibilidad, tal como ocurrió en Chile y Perú. Y eso ayudó a bajar la volatilidad del crecimiento de esos países, disipar riesgos de insolvencia y atenuar la caída del TCR.

Pero, como suele suceder, junto con este avance, también se imponen ciertos desafíos para perfeccionar y consolidar la metodología.

Primero, parece necesario aumentar la disponibilidad y transparencia de la información utilizada para realizar los cálculos.

Segundo, dada la fuerte incidencia de algunos parámetros clave, como la brecha de capacidad, el crecimiento potencial u otros, es preferible adoptar un enfoque de administración de riesgos. Es mejor ser conservador ya que el costo de equivocarse siendo optimista es mayor al de errar siendo pesimista.

Tercero, siguiendo a Chile, sería razonable generar instancias objetivas, como un comité de expertos independientes, ya sea para revisar la metodología o para proveer algunos de los supuestos básicos.

Y por último, se hace imprescindible que este incipiente nuevo enfoque para las finanzas públicas vaya ganando aceptación en la sociedad sobre la base de insistir y recordar que –ya por más de medio siglo- el déficit fiscal estructural ha estado siempre entre  las principales causas de nuestras crisis económicas.