Aldo Lema

Semanario Búsqueda (17 de mayo)

Durante las últimas dos décadas muchos países han ido adoptando un esquema de metas de inflación (EMI) con el objetivo de alcanzar con mayor eficiencia la estabilidad de precios y suavizar los ciclos de actividad. Hay muchos ejemplos exitosos en el mundo, como los pioneros de Nueva Zelanda, Canadá o Inglaterra, pero también hay casos bien consolidados y referentes en la región, como Chile, México, Brasil, Perú y Colombia.

Bajo este esquema, el Banco Central fija una meta numérica para la inflación y maneja los instrumentos monetarios –generalmente las tasas de interés- para satisfacerla. Por su parte, en materia cambiaria, aunque el régimen compatible es la flotación plena, hay algunas excepciones con tipo de cambio administrado o intervenciones esporádicas.

Para que un EMI sea exitoso son condiciones importantes la independencia de facto del Banco Central; su autonomía operacional; la ausencia de dominancia fiscal, financiera y salarial; un buen enfoque (y modelo) para pronosticar la inflación; y políticas transparentes para rendir cuentas y construir credibilidad. Como ha dicho el economista John Taylor, este esquema es mucho más que fijar simplemente el destino del bote.

Hace ya casi diez años Uruguay intentó avanzar hacia un EMI, aunque en forma gradual por los condicionamientos implícitos en la dominancia fiscal y financiera derivada de la crisis de 2002. Los objetivos inflacionarios y el consiguiente manejo de instrumentos quedaron supeditados a despejar los riesgos de insolvencia del gobierno y de los bancos. A su vez, el alto grado de dolarización imperante también limitaba las capacidades de la política económica.

Sin que estos condicionamientos hubieran desaparecido, fueron pasos correctos en esa dirección fijar en 2005 una meta inflacionaria que opera como (pseudo) ancla del sistema y luego, en 2007 transitar desde el uso de la base monetaria a la tasa de interés nominal como principal instrumento para lograrla.

Paralelamente, algunos de los condicionamientos prevalecientes se fueron atacando, pero en forma más tímida de lo deseado o de lo visto en los países latinoamericanos referentes.

Los mayores progresos se produjeron en materia de normas prudenciales y supervisión financiera, así como en la gestión y desdolarización de la deuda pública. Con ello, no solo se ha facilitado una mayor flotación del peso, sino que los costos de un ajuste cambiario podrían ser menores que en el pasado en escenarios adversos. Con todo, en comparación con países similares, como Perú, los avances financieros y de la moneda nacional parecen muchos menos significativos.

En materia fiscal, no puede decirse que hoy haya dominancia como la hubo en los ochenta o a principios de la década de los noventa, donde los déficits explicaban la inflación. En este frente la economía uruguaya ha logrado avances respecto a su pasado, pero también menores a los alcanzados por Chile o el propio Perú, donde la estabilidad fiscal ha quedado institucionalizada con una regla por ley. En contraste, la discrecionalidad y prociclicidad uruguaya ha impedido mostrar superávits en la bonanza actual y reducir más rápidamente la deuda pública. En esto, como en otros temas, la responsabilidad política ha sido transversal.

Con menores vulnerabilidades financieras y fiscales, lo que parece más limitante para avanzar hacia un EMI y consolidar la estabilidad de precios, son los condicionamientos que ahora impone la política salarial e incluso, de vez en cuando, la cambiaria.

El alto crecimiento de las remuneraciones y la resistencia a tolerar una mayor apreciación del peso son los principales factores que explican la persistencia de la inflación al 8%, en el contexto de una economía en pleno empleo y con altos precios internacionales. Se trata una trinidad imposible de conseguir. Salvo una revolución en productividad y un gran ajuste fiscal, no hay modo de lograr que los salarios sigan creciendo al 14%, el tipo de cambio se sostenga sobre $20 y la inflación retorne al rango meta de 4% a 6%.

¿Cómo se resolverá este conflicto de objetivos? Los agentes económicos ya tienen una respuesta. Sus expectativas, reflejadas en las encuestas y en los precios de los instrumentos financieros, indican que el objetivo sacrificado será la estabilidad de precios. Y a juzgar por las recientes declaraciones del presidente del Banco Central y del Ministro de Economía, esa también es la visión de las autoridades.

Aunque con los actuales registros inflacionarios, Uruguay no sale tan mal parado en relación a lo ocurrido en su pasado, sigue mostrando el mayor desvío (respecto a la meta) dentro del grupo de países latinoamericanos referentes, todos los cuales enfrentan condiciones externas e internas similares.

Es justamente la persistencia del incumplimiento de la meta, junto a cierta benevolencia de las autoridades y la contradicción creciente entre objetivos, lo que limita el tránsito hacia un EMI y la estabilidad consolidada de precios. El destino del bote está menos claro, su carga parece excesiva y hay cierta confusión en el manejo de los instrumentos. Podemos quedar a la deriva.